¿Qué está pasando para que en este país se desprecie la labor de las/los investigadoras/s tan con tanto descaro?
¿Qué es lo que permite que además se haga desobedeciendo las leyes europeas que obligan a respetar el principio de no discriminación de las/los trabajadores independientemente de la duración de sus contratos?
Es una situación que se deriva del empeño en las administraciones públicas por funcionar siguiendo unas prácticas basadas en una supuesta rentabilidad sólo posible con la detracción constante de derechos del/a trabajador/a. Se trata de una incorporación totalmente acrítica e ilógica de relaciones contractuales que no sólo no cuidan de las personas, y de las instituciones, sino que invitan a desconfiar de las mismas. Las recientes sentencias del Tribunal Europeo en esta materia y las específicas sanciones que se imponen a España por su constante incumplimiento siguen sin respetarse.
Esta situación aboca a una constante, costosa y agotadora acción judicial que sólo en contadas ocasiones, como esta, tienen final feliz, pero a costa de una pérdida de tiempo y energía por parte de trabajadoras/es y empresas que no creemos que este país se pueda permitir en el actual contexto de crisis y déficit de empleo.
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